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¿Sólo importa poder brindar clases virtuales?

Actualizado: 6 de abr de 2020

El 29 de marzo de 2020, la Sunedu publicó los criterios para supervisar la calidad de la educación no presencial que brindarán las universidades y escuelas de posgrado, ante la presente emergencia sanitaria. En dicha publicación, se estableció que las asignaturas y actividades académicas que no puedan ejecutarse de modo remoto podrán ser reprogramadas.


Las acciones descritas tienen como objetivo que las universidades respeten los criterios de accesibilidad, adaptabilidad, calidad y otras condiciones esenciales para el aprendizaje. Estas “medidas excepcionales” no implicarán un cambio en la modalidad del programa académico, lo cual significa que, a pesar de que algunos de cursos adoptarán una modalidad no presencial temporal, los programas seguirán siendo considerados como de MODALIDAD PRESENCIAL.


Las universidades que implementen la adaptación no presencial de sus asignaturas están obligadas a comunicarlas a la Sunedu en el plazo máximo de 30 días calendarios, contados desde el 30 de marzo de 2020.


Surge entonces una pregunta: ¿Estas medidas son las únicas que importan dentro del proceso de formación de un estudiante? No debemos descuidar que, durante el largo y complejo proceso de licenciamiento, se evaluaron ocho condiciones básicas de calidad.

¿Esta coyuntura no afectó ninguna otra condición?


Hemos visto en redes sociales sendos comunicados que las Universidades han tenido a bien dirigir a sus respectivas comunidades; enfocándose básicamente en cuatro temas:

  1. La importancia de cumplir con las disposiciones impartidas por el Gobierno,

  2. La prórroga en el inicio de clases,

  3. los esfuerzos desplegados para evitar una pérdida del semestre académico, y

  4. Las facilidades económicas que brindarán a sus estudiantes durante la coyuntura.


Nos queda la sensación que la coyuntura COVID – 19 ha golpeado mucho más a las universidades públicas que a las universidades privadas. La inversión e implementación de entornos virtuales de aprendizaje realizada por las universidades privadas ha generado un punto muy válido a considerar respecto de la forma cómo fueron evaluadas las universidades públicas en el proceso de licenciamiento.


Sin perjuicio de ello, seguimos pensando que todas las medidas tomadas no terminan de estar enfocadas al ESTUDIANTE COMO USUARIO Y PRINCIPAL BENEFICIARIO. Dejamos algunas preguntas para que evaluemos, de forma integral, las acciones tomadas en la educación superior y las que faltan tomar:


  1. ¿Hemos evaluado que pasará con los estudiantes que no tienen internet en sus casas?

  2. ¿Hemos evaluado acciones para poblaciones con conectividad limitada, es decir aquellas que pueden tener bolsa de “Datos” en sus móviles, pero la red es muy débil?

  3. Si los estudiantes deben consumir sus paquetes de datos para acceder a clases virtuales, ¿Se les reconocerá algo por cuanto el estudiante contrató servicios académicos presenciales?

  4. ¿Existe algún plan de contingencia para los servicios complementarios como el psicopedagógico y el de empleabilidad?

  5. ¿Existe algún plan de seguimiento al graduado en esta etapa, en la que precisamente muchos no están generando ingresos?


Aunque los esfuerzos han sido encomiables, todavía estamos lejos de un servicio educativo que, bajo esta coyuntura, asegure la calidad e inclusión en la formación integral del estudiante. Esta emergencia va a pasar, pero no descuidemos evaluar la implementación de soluciones integrales y sostenibles, nuestros estudiantes y el País lo necesitan. 


Elaborado por:

José Castillo Carazas – Presidente del Consorcio Universidad 2030

https://www.linkedin.com/in/jose-eduardo-castillo-carazas-0ab08825/




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